CAMBIO ECONOMICO: MOVIMIENTO DE PINZAS

CAMBIO ECONOMICO: MOVIMIENTO DE PINZAS

El debate electoral ha encontrado un inusitado consenso: nadie está de acuerdo en confiar en el “chorreo”, y todos los candidatos señalan que la minería genera muy pocos empleos y plantean la necesidad de un cambio en la orientación económica. Mala noticia para los neoliberales del IPE: en el debate público, ya fueron.

La cuestión ahora es cómo lograr este cambio de modelo económico hacia uno en el que la mayoría de la población, y en especial los más pobres, se vean beneficiados. El asunto no es fácil, ya que este modelo tiene mucha fuerza económica. En esencia, el cambio de modelo requiere lo que se llama un movimiento de pinzas, es decir, desplegar dos movimientos en simultáneo que rodeen al enemigo.

Un movimiento es la redistribución de las grandes ganancias, en particular las que producen nuestra minería, petróleo y gas, sobretodo ahora que los precios de estos productos están altísimos. También los bancos y AFPs están obteniendo rentabilidades excepcionales. Establecer condiciones justas por la explotación de nuestros recursos naturales y cobrar impuestos a quienes más ganan es fundamental para obtener los recursos que se requieren para que la educación, salud y protección social sean de calidad y lleguen a todos los peruanos. Este es un movimiento de redistribución, haciendo que el estado cumpla con asegurar los derechos sociales a partir de un aprovechamiento colectivo de la riqueza nacional. Reinstaurar derechos laborales básicos es otra política en este mismo sentido.

El otro movimiento es el impulso a los sectores intensivos en empleo, como la agricultura, la industria, el turismo y las pequeñas empresas. Acá hay que poner énfasis en políticas que amplíen mercados, faciliten crédito, organicen cadenas productivas, provean información comercial y promuevan la adopción de nuevas tecnologías. Este es un movimiento de cambio de orientación sectorial, girando el crecimiento hacia uno generador de empleo y descentralizado.

Estos dos movimientos tienen dos conexiones indispensables y por eso la necesidad de que marchen juntos. Por un lado, los programas de crédito, información comercial y asistencia técnica para el agro y las pymes requieren financiamiento público, el que sólo puede provenir de ese aumento en la recaudación tributaria. La otra conexión es la sectorial: sólo cobrando impuestos a la minería y a los grandes capitales por un lado, y promoviendo al agro y los pequeños empresarios por el otro, es que el giro del timón tendrá la fuerza necesaria para modificar el rumbo del crecimiento hacia uno inclusivo y amplio.

El TLC acogota ambos movimientos. Por el lado del cobro de impuestos a la minería y grandes capitales, el TLC impide que el estado peruano revise contratos lesivos al interés nacional, como en el caso de Camisea. Por otro lado, el TLC le quitará al agro el mercado donde coloca sus productos, ya que las importaciones de productos subsidiados de los EE.UU. le harán competencia desleal (y el 97% de las tierras se destinan al mercado interno y sólo 3% a la exportación).

Buscar un crecimiento inclusivo y generador de empleo sin renegociar condiciones de distribución con la minería y los grandes monopolios, y firmando el TLC, es imposible. Es bueno saberlo a la hora de decidir el voto.

MEDICINAS AL ALCANCE DE TODOS

MEDICINAS AL ALCANCE DE TODOS

Uno de los grandes problemas de la salud pública es la falta de acceso a las medicinas. Apenas uno de cada cuatro peruanos está afiliado a EsSalud y puede pedir las medicinas gratuitas, que a veces no están disponibles. Lo mismo pasa con el SIS, que sólo cubre a niños y madres gestantes. Para que sea realidad el derecho a la salud, todos debemos tener acceso a medicinas de calidad garantizada, lo que muchos pobres en nuestro país no consiguen.

Varios candidatos han puesto énfasis en promover un seguro universal para toda la población, pero hasta que esto se haga realidad hay un largo trecho por recorrer. Abaratar las medicinas tiene que ser una política fundamental, porque reduce el impacto sobre los bolsillos de quienes tienen que comprarlas y libera presupuesto público para ampliar la atención de salud a más peruanos.

Una primera política al respecto debe ser promover la competencia. En el mercado de medicinas el producto de marca puede costar hasta diez o veinte veces más que un genérico similar. El gobierno debe facilitar que la gente pueda escoger el producto que le conviene más. Para ello, debe fiscalizar que todas las recetas tengan el nombre del genérico (lo que se conoce como la denominación común internacional”), de tal manera que cuando vayamos a la farmacia podamos escoger entre las distintas opciones existentes. Debe además asegurarse la calidad de todas las medicinas, para que no haya dudas que un genérico tiene los mismos efectos curativos que un producto de marca. El gobierno también debería tener una política de información, mediante avisos e Internet donde los peruanos podamos comparar precios. Finalmente, el Ministerio de Salud debería asegurarse que en todos los distritos y barrios, alguna de sus farmacias está abierta las 24 horas los 7 días de la semana, vendiendo productos genéricos de calidad garantizada a precios accesibles. Las licitaciones públicas para abastecer este circuito de comercialización deberían ser cuidadosamente vigiladas y aplicarse sanciones drásticas a funcionarios y a empresas corruptas que se aprovechan abusivamente de un tema tan delicado como es la salud y la vida de los peruanos.

Por otro lado, las reglas de patentes que protegen a los monopolios y permiten a las trasnacionales fijar precios a su antojo, deben ser adecuadamente reguladas. Este TLC que ampliará el poder monopólico de los grandes laboratorios internacionales no debe ser aceptado. Pero incluso antes del TLC, ya las trasnacionales tienen 20 años de protección de patentes en los que gozan de un mercado cerrado solo para ellos sin que pueda haber competencia. El gobierno debiera, acogiéndose a las flexibilidades que permite la Delación de Doha de la Organización Mundial del Comercio, declarar que las medicinas para el VIH / SIDA, tuberculosis, malaria, cáncer, enfermedades del corazón, salud mental y otras prioridades, aún cuando estén protegidas por patentes, podrán ser producidas o importadas como genéricos. Se rompería así el monopolio en estos productos permitiendo una sana competencia.

Mucho se puede hacer para poner las medicinas al alcance de todos los peruanos. Un seguro universal financiado con presupuesto público es un camino importante, pero regular el mercado evitando abusos monopólicos es otra medida fundamental que los partidos y candidatos deben considerar en estas elecciones.

TLC A LAS PATADAS

TLC A LAS PATADAS

El intento de Alejandro Toledo de suscribir este Tratado de Libre Comercio “sí o sí” apenas un par de días antes de las elecciones, es un absurdo completo. Es evidente que si la ciudadanía está siendo consultada democráticamente, la voz del pueblo expresada en las urnas debe ser considerada al momento de tomar una decisión tan importante como esta.

Por otro lado, aún si fuera suscrito por Toledo y Bush, el TLC todavía requiere ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos antes de entrar en vigor. Toledo no ha podido siquiera conseguir la promesa de que el TLC será considerado en breve en el Capitolio, siendo muy probable que tenga que esperar un buen tiempo, como ha anticipado esta semana nada menos que el vicepresidente de Colombia.

El “TLC sí o sí” de Toledo sin consideraciones democráticas elementales, pasa por encima de los millones de peruanos que serán negativamente afectados por el TLC, y para los cuales no hay todavía programas ni presupuestos básicos para compensarlos. Este gobierno ha dicho que los millones de peruanos afectados por el alza de precios de las medicinas y los cientos de miles de agricultores que perderán su mercado y verán sus ingresos caer, van a ser compensados. Pero hasta ahora no ha presentado un plan básico, mecanismos de ejecución ni presupuestos mínimos para que esto se cumpla. Por su parte, tampoco los candidatos que se pronuncian a favor del TLC han presentado propuesta alguna a este respecto, y menos aún por supuesto quienes dicen que todavía “lo están pensando” (¿¿hasta cuándo??).

El gobierno toledista quiere aprobar el TLC pasando por encima de la democracia y sin importar el empobrecimiento de millones de peruanos. Para añadir sal a la herida, el gobierno negocia a escondidas un TLC con Chile entregando aún más ventajas y gollerías a nuestro vecino el sur. TLC así, NO. El pueblo peruano debe ser escuchado y considerado, y un Referéndum es la forma de hacerlo.

POLITICAS DE SALUD: CONSENSOS Y ÉNFASIS

POLITICAS DE SALUD: CONSENSOS Y ÉNFASIS
Pedro Francke

Seis agrupaciones políticas – Unidad Nacional, Partido Aprista, Frente de Centro, Partido Nacionalista Unión por el Perú, Partido Socialista y Justicia Nacional - presentaron sus planes de gobierno el 23 de febrero en un evento organizado por ForoSalud, el Colegio Médico y la Universidad Cayetano Heredia, donde recibieron comentarios de especialistas, abriendo así un interesante debate sobe el tema (las presentaciones pueden verse en www.forosalud.org.pe). También Concertación Descentralista presentó su plan de gobierno en salud esa semana.

Las presentaciones mostraron que hay algunos puntos ante los cuales hay consensos amplios, como promover la participación, preocuparse por los determinantes sociales y ambientales de la salud y avanzar hacia el aseguramiento universal. De hecho, en el mismo evento circuló un acuerdo de políticas en salud está siendo firmado por un grupo amplio de partidos.

Aún cuando hay importantes consensos, también es verdad que en muchos temas varios planes de gobierno presentados pecan de generalidad y afirman pocas propuestas concretas. Por ejemplo, en el tema de la salud, las propuestas que presenta Lourdes Flores en su reciente spot publicitario, no fueron presentadas como centrales en el evento realizado. Los partidos parecen preferir, en presentaciones como ésta donde hay espacio al diálogo, no precisar prioridades y presentar un abanico amplio de propuestas, mientras dejan propuestas más concretas para el terreno de la propaganda. En este terreno, pocas agrupaciones han precisado cuántos recursos adicionales dedicarían al presupuesto de salud y de dónde los obtendrían: el APRA y el Partido Socialista destacan entre los que incluyeron ambas cosas.

Un tema polémico en salud durante mucho tiempo ha sido el de la desarticulación de los sistemas de salud, entre el Ministerio de Salud, EsSalud y las Sanidades de las FuerzasArmadas y policiales. Salvo Unidad Nacional, casi todos los grupos plantean avanzar hacia una integración de estos sistemas.

Por otro lado, el tema de aseguramiento universal, es decir lograr que todos los peruanos tengan acceso a una atención de salud sin tener que pagar en el momento de la necesidad, también fue señalado por casi todos, varios de ellos poniendo énfasis en el SIS y EsSalud como avanzar hacia este objetivo. Ninguno, sin embargo, llegó a especificar qué medidas específicas tomaría al respecto o hacia qué grupos o riesgos prioritarios ampliaría primero el aseguramiento y con cuánto presupuesto.

En cambio, el objetivo de superar la inequidad figura en un lugar prominente solamente en el plan de Unidad Nacional, aunque no se vincula claramente con las propuestas de política que este grupo plantea. Otros grupos, como el Partido Socialista y el PNUP de Ollanta Humala, ponen énfasis más bien en que la salud debe entenderse como un derecho fundamental.

Quedan apenas dos meses para las elecciones, y recién empezamos a ver propuestas de planes de gobierno en salud, las que todavía pecan de generalidad. Ojalá en las próximas semanas pueden haber más debates y presentaciones, y la ciudadanía pueda informarse con mayor detalle de las propuestas concretas que cada agrupación política plantea.

PROPUESTAS SERIAS : PS Y CD

PROPUESTAS SERIAS

Como en toda época electoral, la actual está llena de promesas: mejor educación, seguro universal de salud, agua para todos, obras públicas, seguridad ciudadana efectiva.

De ahí que lo más difícil de la decisión de por quién votar en las próximas elecciones, es que no sólo debemos analizar lo que ofrece cada uno, sino cómo propone lograrlo. Incluso si creyéramos en la buena fe de los candidatos, es sabido que “de buenas intenciones está empedrado el infierno”. Para decidir nuestro voto importan no solo las intenciones, sino sobretodo las propuestas de cómo lograr los objetivos planteados.

Al respecto, podemos dividir el espectro político en dos. Uno de ellos, no tiene ninguna idea respecto de cómo lograr lo que promete. Su objetivo es simplemente ser elegido. Las promesas no son sino una parte de la campaña, como los lemas, el símbolo electoral, el nombre del candidato y los colores que los identifican.

En el otro lado del espectro, hay partidos que se han estado preocupando en cómo lograr los objetivos que propugnan. Estos son los que no solo quieren ser elegidos, sino sobretodo dotar al país de un mejor gobierno. Tal vez la política peruana, antes que dividirse en derecha e izquierda, se divide entre los improvisados y los preparados.

Una presentación organizada la semana pasada por Río Abierto con representantes del Partido Socialista y de Concertación Descentralista mostró que ambos partidos se encuentran, sin duda, en el grupo de los preparados. Las presentaciones abundaron en detalle sobre como hacer realidad esos deseos de desarrollo social y reducción de la pobreza. El primero puso más énfasis en la necesaria reforma tributaria que afecte a los que más tienen, para lograr los recursos requeridos para educación, salud, lucha contra la pobreza y seguridad ciudadana. El segundo, puso más énfasis en el detalle de las medidas en algunos de estos ámbitos. Sin duda dos propuestas, más complementarias que divergentes, que destacan por su seriedad en estas elecciones.

En estas elecciones, no hay sólo promesas vacuas y circo electoral. Hay también buenas propuestas. Cuestión de detenerse a escuchar con cuidado, para poder elegir bien.

CONTRATOS, RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO

CONTRATOS, RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO

Uno de los temas que ha entrado con fuerza en el debate electoral es el del cambio de condiciones bajo las cuales operan las grandes empresas, principalmente extranjeras, que explotan recursos naturales como el oro, el cobre, el petróleo y el gas.

Tal discusión es en realidad parte de una discusión mayor: cómo se desarrolla un país rico en recursos naturales. Una de las características del Perú es precisamente tener abundancia de estos recursos. Pero como lo muestra nuestra historia, tener muchos recursos naturales no es ninguna garantía de desarrollo. Es más, estudios internacionales comparativos parecen indicar que los países con muchos recursos naturales, en especial minerales, tienden a crecer menos y no más que los que no tiene esos recursos.

Para los economistas, esta es sin duda una gran paradoja: ¿cómo es posible que quien tiene más riquezas – en este caso naturales – no le vaya mejor económicamente? Las explicaciones sugeridas por quienes han estudiado el tema son que hay una apropiación privada de esos recursos debido a gobiernos corruptos que no privilegian el interés público, que los esfuerzos de las empresas privadas se orientan más a capturar las rentas que otorgan esos recursos que a buscar una competitividad basada en progreso tecnológico, y que estos recursos tienen y precios y condiciones de mercado inestables que luego se trasmiten en fuertes crisis económicas en los países.

La historia reciente de la explotación de los recursos naturales en el Perú parece apoyar sobretodo la primera explicación sugerida: los beneficios de la explotación de los recursos naturales se concentran en muy pocas manos, a pesar de que se trata de riquezas que pertenecen a todos los peruanos.

En esta campaña electoral se han propuesto dos formas para este cambio de condiciones: la primera es establecer nuevas reglas tributarias, tales como las regalías mineras o el impuesto a las sobreganancias por los altos precios internacionales actuales; la segunda es renegociar los contratos. Ambas formas están vinculadas, ya que los contratos de estabilidad tributaria o jurídica que han firmado algunas empresas establecen limitaciones al cobro de nuevos impuestos. Sin embargo, esta limitación no alcanza a todas las empresas, y el pago de las regalías – según ha fallado el Tribunal Constitucional - no puede ser exceptuado amparándose en contratos de estabilidad (a pesar de lo cual este gobierno lo les quiere cobrar).

Quienes defienden el statu quo y quieren que las cosas sigan como están, suelen utilizar el argumento de que cambiar la situación incomodaría a los capitalistas dueños de las empresas y ahuyentaría la inversión. Efectivamente, todo cambio es costoso en cierta medida, y a los inversionistas les gusta que les cobren pocos impuestos y obtener las mayores ganancias posibles. La cuestión es que para el país es más costoso aún quedarse para siempre estancados en la situación actual, permitiendo que nuestras riquezas naturales se vayan aportando muy poco o nada al desarrollo nacional.

Por otro lado, el argumento de que no se puede plantear una renegociación de los contratos porque perdemos credibilidad, es totalmente hipócrita; ya que las grandes empresas han planteando decenas de modificaciones a los contratos y leyes en su favor, incluyendo algunas con “nombre propio” como el Decreto Supremo que se ha dado para favorecer a Doe Run y permitirle que siga contaminando el aire y envenenando a los niños en La Oroya.

Nuestro país requiere una mejor distribución de los ingresos, en particular de los provenientes de recursos naturales. El estado debe cumplir un rol clave en ese sentido, captando esos recursos y destinándolos con eficiencia a mejorar la educación, la salud y la protección social, y la lucha contra la pobreza y por el desarrollo de las zonas más pobres del país. Como dicen todos los candidatos es hora del cambio, pero sin este cambio fundamental, los cambios que se prometen serán epidérmicos.

EVITANDO CARIES: LAVADO DE DIENTES Y FLUORIZACION DE LA SAL

EVITANDO CARIES: LAVADO DE DIENTES Y FLUORIZACION DE LA SAL

Una de las áreas de la salud más abandonada en nuestro país es la salud bucal. Cuando uno visita pueblos rurales, llama la atención el terrible estado de la dentadura de muchos de los campesinos. Cuando uno conversa con una señora de un pueblo joven de Lima, no es raro encontrarse con la preocupación por una dentadura con problemas, lo que usualmente significa mucho dolor y también un esfuerzo económico importante para una extracción, ya que endodoncias o coronas resultan, para una familia pobre, demasiado caras. Si para cualquier clasemediero de nosotros un dolor de muelas es algo bastante desagradable pero muy eventual y remediable sin demasiado dificultad, para los pobres del Perú el problema de la dentadura es realmente un sufrimiento.

Sin embargo, el estado peruano hace poco o nada al respecto, en particular respecto de la prevención. La primera política indispensable en este terreno es enseñar a los niños a lavarse los dientes. Yo he insistido en esto con mis hijas hasta hacerlo un hábito, pero ¿como podemos esperar que el campesino pobre que no tiene costumbre ni ha sido enseñado a lavarse los dientes, lo haga con sus hijos? Los programas de desayunos escolares debieran incluir el reparto de cepillos y pasta de dientes en zonas pobres, y los profesores debieran asegurarse que terminado el desayuno, todos los niños en fila a lavarse los dientes.

Acabo de leer que hay otra política sencilla y efectiva para evitar las caries: fluorizar la sal. Desde hace muchos años se sabe que el fluor actúa como protector de la dentadura, y se ha invertido en fluorizar el agua potable. Pero lógicamente, eso solo funciona donde hay agua potable y una empresa que pueda fluorizarla, que no es el caso de los poblados rurales. Por otro lado, uno de los programas de salud preventiva más exitosos en el Perú ha sido el de iodizar la sal, lo que ha errradicado el bocio. La sal, por su consumo universal, es un medio ideal para refuerzo de micronutrientes. En Jamaica, copiando la experiencia de Suiza y Francia, fluorizaron la sal a un costo de 6 centavos de dólar por persona al año, con lo que redujeron el 80% de las caries en niños. Por cada dólar gastado, se ahorran 250 en costos de futuros tratamiento. No sería nada difícil hacer algo similar en el Perú.

La salud bucal ha sido mucho tiempo un tema olvidado en nuestro país, con enormes costos económicos y de sufrimiento humano para muchos. Hay políticas de prevención, así como de curación y rehabilitación, que pueden ponerse en marcha sin mayor dificultad. Sólo hace falta voluntad y decisión política.

SALUD EN EL DEBATE POLÍTICO

SALUD EN EL DEBATE POLÍTICO

Empiezan a presentarse y discutirse los planes de gobierno de los distintos partidos en salud. Las principales propuestas tienen que ver, hasta el momento, con establecer un seguro universal que cubra a toda la población. A nuestro entender, hay al menos tres temas que requieren mayor atención en los planes de gobierno de los partidos.

El primero y más notorio es el referido al financiamiento del aseguramiento universal propuesto. Establecer que un conjunto de atenciones de salud deben estar disponibles con calidad y en forma gratuita para toda la población es fundamental para hacer realidad el derecho a la salud. Pero la principal dificultad para hacer que ese aseguramiento sea efectivo es el presupuesto público destinado a salud, que asciende a un poco más de 1% del PBI, uno de los más bajos de Latinoamérica. Si no hay fondos, ¿de dónde saldrían los recursos para pagar personal, medicinas e insumos requeridos para las atenciones de salud? Los partidos deben comprometerse a aumentar el financiamiento público para salud a entre 2% y 3% del PBI y a usar estos fondos más eficientemente y con respeto a los derechos de los usuarios, para hacer realidad el aseguramiento universal.

Un segundo tema central es el referido a la promoción y prevención en salud; es decir, a las políticas orientadas a mantener la buena salud antes que a curar la enfermedad. La desnutrición infantil es producto de la mala alimentación y el uso de agua contaminada. La obesidad es ya un problema de salud pública en el Perú, causando diversas enfermedades en particular del corazón. El tabaco, las drogas y el consumo excesivo de alcohol son tres grandes causas de enfermedad y muerte. También lo son los accidentes de tránsito, la violencia en las calles y dentro de los hogares. Un caso de particular importancia es el de la contaminación ambiental, cuando vemos empresas como Doe Run que incumplen compromisos adoptados envenenando a los niños con plomo, lo que afectará irremediablemente su desarrollo mental. En todos esos casos, la política de salud debe poner énfasis en actuar sobre esas causas, mejorando los comportamientos individuales y las relaciones sociales que generan grandes daños a la salud. Necesitamos políticas económicas y sociales saludables. Sobre todos esos temas, esperamos de los partidos políticos propuestas al respecto.

El último tema que debe reforzarse en los planes de gobierno de salud es el referido a la participación ciudadana en salud. Si no hacemos una reforma del Estado que cambie la relación de éste con los ciudadanos, se mantendrá un estado ineficiente y atravesado por la corrupción. Hay experiencias importantes en salud, desde los CLAS participativos en el nivel local hasta otros mecanismos a nivel regional como referéndums y cónclaves. El próximo quinquenio debiera ver un avance importante al respecto, para lo cual es necesario también que los candidatos presenten propuestas y compromisos.

El debate sobre propuestas de política recién empieza. Esperemos que en los próximos meses podamos conocer con más detalle las alternativas que en salud propugnan los diversos candidatos y fuerzas políticas, para orientar adecuadamente nuestro voto y para poder posteriormente tomar cuentas a quienes salgan elegidos.

AFPS Y PENSIONES: SE NECESITA REFORMA INTEGRAL

AFPS Y PENSIONES: SE NECESITA REFORMA INTEGRAL

Esta semana calienta la discusión sobre las AFPs con la ley de desafiliación. Pero la discusión está mal enfocada cuando se reduce el tema a una pequeña parte del problema de pensiones, y encima con una orientación equivocada.

El primer problema de los sistemas de pensiones actuales es que 3 de cada 4 peruanos mayores de 65 años no tienen pensión de ningún tipo, y ese porcentaje irá aumentando porque el porcentaje de trabajadores activos que no contribuye a un sistema pensionario es aún mayor. La reforma de las AFPs fracasó rotundamente en cuanto a asegurar económicamente la vejez de los peruanos.

El segundo problema es que el esquema de dos sistemas paralelos (AFPs y ONP) es un mal sistema. Se dice que el Sistema Nacional de Pensiones creado por la ley 19990, que administra la ONP, está quebrado. Pero su desequilibrio financiero se debe precisamente a la instalación de las AFPs. El sistema de pensiones de la 19990 se basa en que los trabajadores activos damos una parte de nuestro sueldo para mantener a los jubilados, con la promesa de que cuando nosotros seamos jubilados, los futuros trabajadores nos mantendrán de la misma manera. A esto se le llama solidaridad entre generaciones: los jóvenes sostienen a los ancianos. Al instalarse el sistema de AFPs, una buena parte de los trabajadores activos dejó de financiar a los jubilados y pasó a depositar sus cotizaciones en una cuenta para que las AFPs las inviertan. Fue como quitarle dos o tres patas a una mesa: no hay forma que el Sistema Nacional de Pensiones (19990) esté en equilibrio, salvo poniéndole otras patas de reemplazo, que es lo que hace el estado con el presupuesto que trasnfiere a la ONP. Solo que el MEF es siempre tacaño, las patas que pone son chiquitas y por eso las pensiones son una ridiculez.

El sistema de pensiones requiere una reforma integral. Los fondos públicos deben dirigirse a crear una pensión asistencial para los ancianos pobres, que es perfectamente financiable. Las contribuciones de los trabajadores activos deben dividirse en dos partes: una destinada a un sistema público que garantice pensiones básicas a todos, otra a AFPs bien reguladas que inviertan en el país y generen una pensión adicional para quienes realizan mayores aportes.

PENSIONES: BUSCANDO JUSTICIA

PENSIONES: BUSCANDO JUSTICIA


La aprobación de la libre desafiliación de las AFPs por el Congreso responde a un problema real: la existencia de varias decenas de miles de afiliados a las AFPs que reciben o están por recibir una pensión de jubilación ínfima. La propuesta de permitir que estas personas se trasladen al Sistema Nacional de Pensiones, significa que el Estado debe asumir el costo de otorgar a esas personas, a quienes las AFPs afiliaron con engaños y promesas incumplidas, una pensión algo mejor.

La justicia en las pensiones es un elemento fundamental de cualquier propuesta de política social y de cualquier estrategia de desarrollo. Las personas de edad avanzada no pueden ser libradas a su suerte por un ordenamiento social que “se olvida” de ellas con mucha facilidad. El desarrollo sólo tiene sentido si genera bienestar, y en una democracia no debemos olvidarnos de este segmento importante de la población, considerando además que todos aspiramos a ser ancianos algún día. El estado tiene un rol fundamental que cumplir al respecto.

En este sentido, el principal problema son ese 77% de personas mayores de 65 años que no tiene ninguna pensión, ni chiquita ni grande, ni justa ni injusta. Ninguna. Más de un millón de personas mayores de 65 años reciben cero de pensión. Son sobretodo los más pobres, los campesinos, los ambulantes, los cargadores del mercado, las amas de casa, es decir, gente que en general no sólo no tiene pensión, tampoco tiene activos con los cuales mantenerse – una casa que alquilar, unos ahorros que le den intereses -. Dependen así de sus familiares, usualmente pobres, sin autonomía y llegando a veces a ser considerados “una carga”.

¿Es imposible tener un sistema de pensiones asistenciales para este sector? Entre nuestros vecinos, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay otorgan pensiones mínimas de jubilación financiadas por el tesoro público a quienes no tienen otro sustento en la vejez. En Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada estableció un sistema de este tipo. El sistema brasileño ha sido muy exitoso en reducir la pobreza entre las familias rurales; un sistema como éste que otorgue una pensión mínima de 200 soles mensuales costaría en el Perú 70 millones de soles mensuales. Esto equivale a 0,3% del PBI, cantidad perfectamente financiable si se recuerda que el Acuerdo Nacional estableció como meta elevar la recaudación tributaria en 5% del PBI. Las viudas de víctimas de la violencia podrían estar entre los primeros candidatos a entrar a un esquema de este tipo, que es muy similar a lo contenido en el Plan de Reparaciones propuesto por la Comisión de la Verdad.

La reciente campaña presidencial chilena tuvo este tema como uno de los más importantes, y todos los candidatos, incluyendo las dos versiones de la derecha, plantearon la necesidad de mejorar y ampliar su sistema de pensiones asistenciales, llegando incluso a proponer pensiones para todas las amas de casa. Ojalá que esa preocupación se traslade al Perú, y que veamos a los candidatos y organizaciones políticas presentando propuestas de cómo tener un sistema de pensiones más justo, para los actuales afiliados a las AFPs y al Sistema Nacional de Pensiones, y sobre todo para quienes viven en pobreza a los 65, 70 u 80 años sin ningún apoyo económico.

LOURDES: ¿AUMENTO DEL DÉFICIT O PROMESAS SIN BASE?

LOURDES: ¿AUMENTO DEL DÉFICIT O PROMESAS SIN BASE?

En una reciente entrevista que le hizo César Hildebrandt, Lourdes Flores se explayó en detallar todos los grupos a los que ayudaría un eventual gobierno suyo: los alpaqueros, los pescadores, los que tienen negocios de turismo, las pequeñas empresas y las grandes también, la educación y la salud, la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando César Hildebrandt le preguntó si para ello cobraría más impuestos o renegociaría los contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas, Lourdes Flores dijo que eso no era necesario porque había más de mil millones de dólares en cuentas del gobierno que podían utilizarse.

La cifra correcta es mucho mayor: a fines del año pasado, según información publicada por el BCR, el estado peruano tiene más de 7 mil millones de dólares en depósitos en los bancos. Pero al mismo tiempo que tiene estos fondos, el estado tiene deudas por 30 mil millones de dólares. No es que le sobre la plata.

Gastar utilizando los fondos públicos depositados en los bancos y no con un aumento de los ingresos tributarios, significa aumentar el déficit público. El déficit es la diferencia entre lo que el gobierno obtiene por ingresos y lo que gasta, en un periodo de tiempo. Si el gobierno aumenta gastos sin que tenga más ingresos, aumenta el déficit. El resultado del déficit es que aumenta la diferencia entre deuda y depósitos del gobierno: o debemos más o tenemos menos respaldo financiero.

Si gastara los mil millones de dólares a los que hizo referencia, la política de Lourdes Flores más que duplicaría el actual déficit fiscal. ¿Es esa la política fiscal que propone Lourdes Flores?

En campaña electoral siempre es fácil anunciar que se harán muchas cosas y no decir de donde se sacará el dinero para hacerlas. Pero luego de varias décadas, ya vamos aprendiendo que promesas sin financiamiento nunca se hacen realidad. Si la propuesta de Lourdes es duplicar el déficit, pues mejor que nos lo diga de una vez y de frente. De lo contrario, sabremos que sus muchas promesas no podrán cumplirse por falta de recursos.

POBRES EN PROBLEMAS PARA VOTAR

POBRES EN PROBLEMAS PARA VOTAR

La pobreza es una enorme barrera para que la gente pueda ejercer sus derechos políticos, empezando por el más elemental de todos: el voto.

La forma más dura como se manifiesta esta barrera es en el día mismo de la votación. Muchos peruanos han migrado luego de obtener su DNI, por lo que tienen que regresar a su lugar de origen si quieren votar. El costo de los pasajes y del tiempo que ello significa en días de trabajo, simplemente lo hace imposible.

La alternativa es anticipadamente cambiar el domicilio legal, y por tanto el lugar de votación. Ello tiene también costos importantes, empezando por lo que cobra la RENIEC, ya que absurdamente para el Estado peruano la identidad no es un derecho sino un servicio que debe pagarse.

Sin embargo, los problemas de la votación misma no son el único obstáculo de los pobres para ejercer sus derechos políticos. La falta de educación y de tiempo dificultan que los pobres puedan estar bien enterados de las distintas alternativas políticas existentes. Mucho mayor aún es la dificultad de que ellos mismos sean candidatos o partícipes de partidos, cuestiones que demandan mucho más tiempo y dinero.

La dificultad en el voto y en la participación política de los pobres es, a su vez, causa importante de su pobreza. Muchas políticas se aplican sin que los pobres sean tomados en cuenta, y muchas cosas que podrían hacerse desde el estado para reducir la pobreza no se hacen. Una gran razón para ello es que los pobres cuentan poco políticamente hablando. Por ello, favorecer el voto de los pobres sería, al mismo tiempo, una importante herramienta de lucha contra la pobreza.

TLC: LA NEGOCIACION NO HABIA TERMINADO

TLC: LA NEGOCIACION NO HABIA TERMINADO

A comienzos de diciembre pasado, Alejandro Toledo acompañado de los líderes de la CONFIEP y del ministro Alfredo Ferrero, anunciaba al país que había terminado la negociación del Tratado de “Libre Comercio” con los Estados Unidos. La demanda de la opinión pública peruana, como no podía ser de otra manera, fue que se diera a conocer lo que se había acordado. Si ya habían terminado las negociaciones y se había llegado a un acuerdo, era lo primero que debían hacer.

Entonces empezaron los problemas. El plazo de 4 semanas que se anunció para la publicación del texto del Tratado se cumplió y no pasó nada. Varias semanas después se publicaron textos “preliminares” e incompletos, faltando el capítulo agrario, el más sensible de las negociaciones. Las semanas han seguido pasando, y nada. Luego de que se haya venido exigiendo y exigiendo, desde todos los sectores de la opinión pública y mediante acciones legales, que se publique el texto del acuerdo, nos hemos enterado el fondo del problema: la negociación no había terminado.

El gobierno dice que lo que faltan son detalles. Pero eso es precisamente lo que se supone habían estado negociando durante veinte meses y trece rondas, al costo de millones de dólares: los detalles. Un Tratado de Libre Comercio debe, precisamente, especificar muchos temas con minuciosidad porque como dice el dicho, “el diablo está en los detalles”.

Pero la verdad es que no son temas insignificantes. Hoy nos enteramos que el Perú ha aceptado que nuestra autoridad fitosanitaria, la que debe actuar para que no se difundan plagas dañinas al agro o incluso productos que pueden dañar la salud de las personas, no va a poder actuar frente a las importaciones de los Estados Unidos. Los productos que EEUU venda al Perú no estarán sujetos a la supervisión fitosanitaria nacional, como sí lo estarán todos los demás países (¿los americanos tienen corona?) y como lo exigirá el gobierno de los EEUU para los productos peruanos. Tampoco se había terminado de negociar las posibilidades de exportación de azúcar peruana a los Estados Unidos, ni se había definido el ritmo al que deberemos desmantelar nuestros aranceles frente a las importaciones de productos subsidiados de los Estados Unidos. No se trata, entonces, de temas menores, que podemos realmente llamar “detalles”. Se trata de asuntos importantes para el país, frente a los cuales, como para hacer honor a su trayectoria, el gobierno ha mentido al país sin ningún pudor.

No es la primera mentira del gobierno en el TLC. Dijeron que se había preservado nuestra diversidad genética y conocimientos tradicionales, lo cual es totalmente falso: las trasnacionales podrán patentar plantas y aprovecharse de nuestros recursos sin dejar nada al país. Dijeron que habría compensaciones para la salud pública por el alza de las medicinas, y hasta el momento no hay nada en el presupuesto ni ninguna medida legal al respecto.

Este gobierno quiere aprobar apresuradamente un Tratado que todavía no está cerrado y cuyo contenido aún no conocemos. Quieren que el TLC sea aprobado por estos congresistas de Perú Posible a quienes ni su candidato presidencial quiere. Seguramente, muchos de ellos podrían hasta aprobar un Tratado cuyo texto desconocen. Pero poca duda cabe que eso sería muy malo para nuestro país.

“SIN AGUA” BRUCE

“SIN AGUA” BRUCE

En el último quinquenio, la cobertura de agua potable en el país casi no ha aumentado. A nivel nacional, uno de cada tres peruanos no tiene conexión de agua potable, porcentaje similar al del 2001. En Lima, más de 600 mil personas carecen de conexión de agua potable. El responsable: Carlos Bruce, hoy aspirante al parlamento.

Primero desde el ministerio de la presidencia y luego desde el ministerio de la construcción, Carlos Bruce ha sido responsable político de Sedapal desde que se inició este gobierno. Hasta hace poco, el presidente del directorio de Sedapal fue su propio viceministro de saneamiento, Jorge Villacorta, quien ha renunciado para dirigir la campaña electoral de Bruce.

Más de una denuncia ha sido publicada en relación al copamiento de puestos claves en Sedapal por dirigentes de Perú Posible. El resultado: Sedapal ofreció en su plan quinquenal aumentar la cobertura de agua potable de 88% a 95%, pero no ha logrado aumentarla ni en 2% (Datos: SUNASS). Medio millón de limeños a quienes se había planeado dar agua potable, se quedaron sin ella, gracias a Carlos Bruce. El mismo plan indicaba que Sedapal debía reducir el agua no contabilizada – que se pierde en el camino o no se factura – de 38% a 25%, pero no la han reducido en nada. En el 2003-2004, cuando debía invertir según su plan US$ 820 millones, no invirtió sino US$ 310 millones, mucho menos de la mitad. Así, una mala gestión, dedicada a hacer clientelismo barato con el dinero de los usuarios, ha mantenido a Sedapal sin recursos para invertir impidiendo la ampliación de cobertura. Peor aún, a última hora a los funcionarios designados por Bruce se les ocurre presentar una propuesta para subir las tarifas de agua a más del doble, supuestamente para que en el próximo gobierno se hagan las inversiones cuya mala gestión impidió en 5 años. Claro que la opinión pública los mandó a rodar.

A nivel nacional, la gestión de Carlos Bruce ha hecho que en provincias las Empresas Públicas de Saneamiento sigan cuesta abajo, con costos administrativos que son el doble y el triple que en otros países latinoamericanos y 43% de agua no contabilizada. La inversión pública en saneamiento ha caído de más de US$ 350 millones anuales, a menos de 50 millones anuales. Igual que en Lima, la cobertura de agua no ha aumentado.

¿Falta de financiamiento? Antes que Bruce se encargara del ministerio de construcción, se negoció un crédito del Banco Mundial para dotar de agua potable y saneamiento a poblados rurales por 50 millones de dólares. Bruce apenas ha podido gastar 3 millones.

En resumen, una gestión politizada y carente de iniciativas, que ni ha hecho inversiones ni ha permitido las concesiones, trae como resultado una empresa pública desprestigiada mientras millones de peruanos siguen si agua. Esta es la candidatura que acompaña a Rafael Belaunde, el renovador que corre con las banderas del gobierno al que hace pocos meses criticaba. Que bonita familia.

Hacer realidad el derecho al agua requiere darle prioridad al sector, tener empresas públicas fortalecidas con una buena gestión técnico-empresarial que haga tratos justos para atraer la inversión privada, y en las zonas rurales una fuerte inversión que vaya de la mano con organizar y capacitar a las comunidades en la gestión del agua. Y no olvidar a quienes incumplieron una responsabilidad fundamental con los más pobres, como Carlos Bruce.