CONTRATOS, RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO

CONTRATOS, RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO

Uno de los temas que ha entrado con fuerza en el debate electoral es el del cambio de condiciones bajo las cuales operan las grandes empresas, principalmente extranjeras, que explotan recursos naturales como el oro, el cobre, el petróleo y el gas.

Tal discusión es en realidad parte de una discusión mayor: cómo se desarrolla un país rico en recursos naturales. Una de las características del Perú es precisamente tener abundancia de estos recursos. Pero como lo muestra nuestra historia, tener muchos recursos naturales no es ninguna garantía de desarrollo. Es más, estudios internacionales comparativos parecen indicar que los países con muchos recursos naturales, en especial minerales, tienden a crecer menos y no más que los que no tiene esos recursos.

Para los economistas, esta es sin duda una gran paradoja: ¿cómo es posible que quien tiene más riquezas – en este caso naturales – no le vaya mejor económicamente? Las explicaciones sugeridas por quienes han estudiado el tema son que hay una apropiación privada de esos recursos debido a gobiernos corruptos que no privilegian el interés público, que los esfuerzos de las empresas privadas se orientan más a capturar las rentas que otorgan esos recursos que a buscar una competitividad basada en progreso tecnológico, y que estos recursos tienen y precios y condiciones de mercado inestables que luego se trasmiten en fuertes crisis económicas en los países.

La historia reciente de la explotación de los recursos naturales en el Perú parece apoyar sobretodo la primera explicación sugerida: los beneficios de la explotación de los recursos naturales se concentran en muy pocas manos, a pesar de que se trata de riquezas que pertenecen a todos los peruanos.

En esta campaña electoral se han propuesto dos formas para este cambio de condiciones: la primera es establecer nuevas reglas tributarias, tales como las regalías mineras o el impuesto a las sobreganancias por los altos precios internacionales actuales; la segunda es renegociar los contratos. Ambas formas están vinculadas, ya que los contratos de estabilidad tributaria o jurídica que han firmado algunas empresas establecen limitaciones al cobro de nuevos impuestos. Sin embargo, esta limitación no alcanza a todas las empresas, y el pago de las regalías – según ha fallado el Tribunal Constitucional - no puede ser exceptuado amparándose en contratos de estabilidad (a pesar de lo cual este gobierno lo les quiere cobrar).

Quienes defienden el statu quo y quieren que las cosas sigan como están, suelen utilizar el argumento de que cambiar la situación incomodaría a los capitalistas dueños de las empresas y ahuyentaría la inversión. Efectivamente, todo cambio es costoso en cierta medida, y a los inversionistas les gusta que les cobren pocos impuestos y obtener las mayores ganancias posibles. La cuestión es que para el país es más costoso aún quedarse para siempre estancados en la situación actual, permitiendo que nuestras riquezas naturales se vayan aportando muy poco o nada al desarrollo nacional.

Por otro lado, el argumento de que no se puede plantear una renegociación de los contratos porque perdemos credibilidad, es totalmente hipócrita; ya que las grandes empresas han planteando decenas de modificaciones a los contratos y leyes en su favor, incluyendo algunas con “nombre propio” como el Decreto Supremo que se ha dado para favorecer a Doe Run y permitirle que siga contaminando el aire y envenenando a los niños en La Oroya.

Nuestro país requiere una mejor distribución de los ingresos, en particular de los provenientes de recursos naturales. El estado debe cumplir un rol clave en ese sentido, captando esos recursos y destinándolos con eficiencia a mejorar la educación, la salud y la protección social, y la lucha contra la pobreza y por el desarrollo de las zonas más pobres del país. Como dicen todos los candidatos es hora del cambio, pero sin este cambio fundamental, los cambios que se prometen serán epidérmicos.