PENSIONES: BUSCANDO JUSTICIA

PENSIONES: BUSCANDO JUSTICIA


La aprobación de la libre desafiliación de las AFPs por el Congreso responde a un problema real: la existencia de varias decenas de miles de afiliados a las AFPs que reciben o están por recibir una pensión de jubilación ínfima. La propuesta de permitir que estas personas se trasladen al Sistema Nacional de Pensiones, significa que el Estado debe asumir el costo de otorgar a esas personas, a quienes las AFPs afiliaron con engaños y promesas incumplidas, una pensión algo mejor.

La justicia en las pensiones es un elemento fundamental de cualquier propuesta de política social y de cualquier estrategia de desarrollo. Las personas de edad avanzada no pueden ser libradas a su suerte por un ordenamiento social que “se olvida” de ellas con mucha facilidad. El desarrollo sólo tiene sentido si genera bienestar, y en una democracia no debemos olvidarnos de este segmento importante de la población, considerando además que todos aspiramos a ser ancianos algún día. El estado tiene un rol fundamental que cumplir al respecto.

En este sentido, el principal problema son ese 77% de personas mayores de 65 años que no tiene ninguna pensión, ni chiquita ni grande, ni justa ni injusta. Ninguna. Más de un millón de personas mayores de 65 años reciben cero de pensión. Son sobretodo los más pobres, los campesinos, los ambulantes, los cargadores del mercado, las amas de casa, es decir, gente que en general no sólo no tiene pensión, tampoco tiene activos con los cuales mantenerse – una casa que alquilar, unos ahorros que le den intereses -. Dependen así de sus familiares, usualmente pobres, sin autonomía y llegando a veces a ser considerados “una carga”.

¿Es imposible tener un sistema de pensiones asistenciales para este sector? Entre nuestros vecinos, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay otorgan pensiones mínimas de jubilación financiadas por el tesoro público a quienes no tienen otro sustento en la vejez. En Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada estableció un sistema de este tipo. El sistema brasileño ha sido muy exitoso en reducir la pobreza entre las familias rurales; un sistema como éste que otorgue una pensión mínima de 200 soles mensuales costaría en el Perú 70 millones de soles mensuales. Esto equivale a 0,3% del PBI, cantidad perfectamente financiable si se recuerda que el Acuerdo Nacional estableció como meta elevar la recaudación tributaria en 5% del PBI. Las viudas de víctimas de la violencia podrían estar entre los primeros candidatos a entrar a un esquema de este tipo, que es muy similar a lo contenido en el Plan de Reparaciones propuesto por la Comisión de la Verdad.

La reciente campaña presidencial chilena tuvo este tema como uno de los más importantes, y todos los candidatos, incluyendo las dos versiones de la derecha, plantearon la necesidad de mejorar y ampliar su sistema de pensiones asistenciales, llegando incluso a proponer pensiones para todas las amas de casa. Ojalá que esa preocupación se traslade al Perú, y que veamos a los candidatos y organizaciones políticas presentando propuestas de cómo tener un sistema de pensiones más justo, para los actuales afiliados a las AFPs y al Sistema Nacional de Pensiones, y sobre todo para quienes viven en pobreza a los 65, 70 u 80 años sin ningún apoyo económico.